En 1995 el Congreso de los Diputados aprobó un documento, conocido como Pacto de Toledo, de amplio consenso político, en el que, además de hacer un análisis de los problemas estructurales del sistema público de Seguridad Social, apuntaba las principales reformas que debía afrontar.

A partir de este primer documento, se decidió en 1999 generar en el seno del Congreso de los Diputados una Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Con la constitución de este foro parlamentario, se pretendía que este pilar fundamental del estado del bienestar, como son las pensiones, quedara al margen de la controversia política habitual y que alcanzara el máximo nivel de acuerdo posible como consecuencia de un debate sosegado y de amplio calado entre las distintas fuerzas políticas. De esta manera, se entendía que las recomendaciones que emanan de este Pacto de Toledo, además de contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria, pueden resultar eficaces y duraderas en el tiempo, sin estar al albur de lo que uno u otro gobierno pueda decidir en cada momento, en función de las últimas elecciones celebradas.

Desde aquel momento, han sido varias las ocasiones, la última de ellas en 2020, en las que el Pacto de Toledo ha revisado la situación del sistema público de pensiones y ha actualizado las recomendaciones de mejora y actuación en este ámbito.

En concreto, en 2020 trasladó al gobierno hasta 22 recomendaciones de actuación con el objetivo inequívoco de preservar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones. Muchas de estas medidas se recogieron en el Plan de Recuperación, transformación y resiliencia que España trasladó en 2021 a la Unión Europea y cuyo cumplimiento condiciona la llegada de los fondos europeos Next Generation UE.

Lo cierto es que, en los últimos meses, el gobierno, con mayor o menor consenso con el resto de las fuerzas políticas y de los distintos agentes sociales implicados, ha adoptado medidas en línea con estas recomendaciones, a la vez que está trabajando en otras, no descartándose que se puedan aprobar algunas reformas adicionales en los próximos meses.

"Desde LagunAro, EPSV se están haciendo gestiones con distintos agentes para intentar asegurar que la realidad de esta entidad tenga cabida en el nuevo texto que finalmente sea aprobado".

Medidas adoptadas

Entre las medidas ya adoptadas, por su relevancia, podríamos señalar las siguientes:

1. Revisión del sistema de actualización de las pensiones públicas, que han dejado de estar vinculadas al índice de Revalorización de Pensiones introducido en 2013 (actualización según la situación financiera del sistema público, con una garantía de actualización mínima anual del 0,25%), para, con el objeto de mantener el poder adquisitivo, estar ligadas al Índice de Precios al Consumo o IPC. En concreto, las pensiones se incrementarán anualmente con el valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos (en 2022 se ha aplicado una actualización del 2,50%).
2. Sustitución del Factor de Sostenibilidad aprobado en 2013 y que nunca ha llegado a entrar en vigor porque su aplicación se ha ido posponiendo en el tiempo, por el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que consiste en un incremento de las cotizaciones sociales de un 0,6% entre 2023 y 2032. Con esta medida se pretende hacer frente al reto que va a afrontar la Seguridad Social en los próximos años, a medida que los baby boomers (generación nacida entre 1957 y 1977) pasen de ser cotizantes a pensionistas del sistema público.
3. Nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas.
   En estos momentos, cerca del 80% de este colectivo de personas cotiza a la Seguridad Social en función de la base mínima aprobada anualmente y lo que se pretende con esta medida es que, de manera paulatina, su cotización se vaya acercando a sus ingresos reales.
   Esta medida resulta de especial relevancia en el sistema de previsión social otorgado por LagunAro, EPSV, en la medida en la que éste se basa en la distribución de las cotizaciones entre el Sistema Público y el sistema mutualizado de la entidad.
   De ahí que desde LagunAro, EPSV se estén haciendo gestiones con distintos agentes para intentar asegurar que la realidad de esta entidad tenga cabida en el nuevo sistema aprobado.
   En concreto, este nuevo sistema de cotización fue aprobado por el Gobierno, previo acuerdo con las asociaciones de personas autónomas, por vía de urgencia en el mes de julio a través de un Real Decreto-ley (ratificado por el Congreso de los Diputados en el mes de agosto) y está previsto que entre en vigor a partir de 2023, mediante un calendario paulatino hasta 2031, habiendo concretado ya lo relativo a los tres próximos ejercicios (2023, 2024 y 2025).
   En todo caso, en el mes de septiembre el gobierno ha iniciado la tramitación, también por vía urgente, de una Ley que recoja esta medida, de tal manera que se abre un proceso de mejora, adecuación y ampliación del texto inicialmente aprobado, estando trabajando desde LagunAro, EPSV para que en el texto que finalmente entre en vigor se contemple la singularidad de esta entidad.

Medidas pendientes

Más allá de las señaladas medidas, en la agenda del gobierno, en base a las recomendaciones del Pacto de Toledo y de los compromisos adoptados con la Unión Europea, todavía quedan algunas cuestiones que, de una manera u otra, ya han comenzado a abordar o que lo harán en los próximos meses, como pueden ser:

• La revisión del número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación (25 años en estos momentos), con la que se pretende reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema público, de tal manera que la pensión refleje en mayor medida la vida laboral de las personas y que atienda a la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas de cotización (periodos sin contribuciones a la Seguridad Social por no estar en activo) son cada vez más habituales.
• La adecuación, al alza, de forma progresiva de la base máxima de cotización a la Seguridad Social, que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima, también al alza, de cara a no afectar sustancialmente a la naturaleza contributiva del sistema público de la Seguridad Social.

Después de varias décadas en las que el ritmo de adecuaciones en el ámbito de la Seguridad Social ha sido más bien lento, las recomendaciones emanadas por el Pacto de Toledo recientemente y, sobre todo, los compromisos adoptados con la Unión Europea de cara a percibir los fondos Next Generation UE han acelerado la actividad regulatoria por parte del gobierno.

Seguimiento de las reformas por parte de LagunAro

En todo este contexto, desde LagunAro, EPSV se están siguiendo muy de cerca las distintas iniciativas que se van sucediendo para ver cómo pueden afectar a su singular sistema de previsión, consistente en un modelo mixto de cobertura (público, a través del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, más privado en régimen mutualista) que ha sido reconocido como ejemplo de gestión y solidaridad, no solo por las cooperativas y mutualistas que la constituyen, sino también por las propias instituciones públicas.