El teletrabajo es una de las grandes novedades que ha traído el coronavirus en el terreno laboral y en muchos casos ha llegado para quedarse. El Gobierno español prepara una nueva regulación de este sistema de trabajo para evitar que sean los trabajadores los que carguen con los costes. En este sentido, se estima que uno de cada cuatro vascos podría trabajar desde casa por las características de su puesto, según un informe de la consultora tecnológica de la Corporación MONDRAGON, LKS Next.

Llegar a ese umbral del 25% (lo que supone cerca de 200.000 trabajadores) va a ser difícil, estima la consultora, y obligaría a un gran cambio en la mentalidad empresarial sobre todo para acabar con la "obsesión con el control presencial".

Así lo explica Ander Sansinenea, director de consultoría de personas de LKS Next, quien reconoce que hay todavía un gran salto por delante en este aspecto para que Euskadi maneje porcentajes de teletrabajo parecidos a los del norte de Europa. La pandemia ha elevado el grado de penetración del teletrabajo en la CAV al entorno del 7%, muy por debajo del 20% en el que se mueven por ejemplo los países nórdicos. Así las cosas, aunque uno de cada cuatro puestos de trabajo podrían desempeñarse desde el domicilio (sobre todo actividades de servicios que no requieren un contacto directo con el cliente), parece difícil que Euskadi pueda alcanzar ese umbral que superaría el de los países con más tradición.

Desde LKS Next, que estos meses está recibiendo un aluvión de consultas de empresas que necesitan avanzar en este terreno, se apunta a un cambio de cultura empresarial para permitir que el teletrabajo termine de asentarse. "Que la compañía no esté obsesionada con el control presencial y que los trabajadores perciban que trabajar en casa conlleva un grado de confianza que hay que ganarse demostrando que la intensidad del esfuerzo es la misma", señala Sansinenea.

Según el borrador del decreto hecho público ayer, las empresas deberán sufragar "en su totalidad" el desarrollo del teletrabajo, de forma que no podrá conllevar gastos para el empleado "relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral". No está claro cómo se computarán estos gastos, aunque se entiende que será suficiente con la presentación de las facturas de electricidad o internet. En algunos casos podrían incluirse herramientas como la silla de trabajo o el ordenador portátil.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habló ayer de varias fórmulas de compensación, como "repercutir un tanto por ciento en la nómina", o abonar dietas y complementos específicos equivalentes al gasto afrontado a través de las facturas.

Además, los trabajadores tendrán derecho al "horario flexible", que podrán modificar dentro de unos márgenes. Se deja en manos del convenio sectorial o de la empresa la fijación de unos determinados periodos temporales de disponibilidad obligatoria, más allá de los cuales el trabajador podrá distribuir las horas de faena como considere.

El Gobierno dejará en todo caso que sea el diálogo social el que termine de perfilar el decreto sobre el teletrabajo, después de que tanto CCOO y UGT como la patronal CEOE hayan reivindicado el poder realizar aportaciones. "Si tengo que contratar y se me ponen condiciones imposibles y que no pueda gestionar mi plantilla, es que yo mañana puedo contratar en Portugal. Cuidado cómo se plantea eso", advertía el presidente de los empresarios españoles, Antonio Garamendi, en el enésimo reproche al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La intención de Trabajo es mantener contactos con los agentes sociales durante las próximas dos semanas para a continuación enviar el decreto al Congreso para su tramitación. Queda claro que el teletrabajo será siempre voluntario para el trabajador, si bien el borrador establece supuestos, como tener una reducción de jornada para el cuidado de menores o ser víctima de violencia de género, en los que se tendrá prioridad. La decisión de teletrabajar debe ser reversible y requerirá de un acuerdo incorporado al contrato laboral.

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