Esto hace que su valoración por parte de las políticas públicas “no sea tan importante como nos gustaría”, se lamenta Juan Antonio Pedreño, presidente de Cepes (Confederación Empresarial Española de la Economía Social). “Se desconoce qué aportan estas empresas sociales, cuál es su comportamiento ante el empleo… En definitiva, cuál es su contribución a la sociedad”, afirma.

Seis de cada cien empresas y entidades privadas en España pertenecen a este sector; aportan 6.229 millones de euros a la riqueza nacional y 3.930 millones de euros anuales en rentas salariales a colectivos desfavorecidos de difícil empleabilidad; contribuyen con 1.770 millones de euros de beneficios para las Administraciones públicas. Son solo algunos datos recogidos en el estudio Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la economía social en España, presentado recientemente por Cepes, con el objetivo de dar visibilidad y cuantificar el beneficio diferencial que, a través de un crecimiento económico más sostenible, este modelo de empresas aporta a la sociedad.

El estudio, realizado por Abay Analistas, hace un análisis de impacto para conocer mejor las implicaciones que los principios de la economía social tienen sobre la sociedad y llegar a una valoración económica de los mismos. “Este comportamiento diferencial respecto a empresas capitalistas es muy importante y se plasma de manera evidente en la cohesión social y territorial”, resalta la directora de Abay Analistas, Maribel Martínez, que ha dirigido el informe.

Europa

Europa está descubriendo la economía social, comenta Pedreño, quien también es presidente de Social Economy Europe/Economía Social Europea (SEE, por sus siglas en inglés), la entidad representativa de este modelo empresarial, que supone el 8% del PIB y el 6% del empleo en la UE, con 14 millones de trabajadores. En los últimos años, añade, Europa está viendo que la economía social contribuye a corregir desigualdades, emplea a colectivos desfavorecidos, es un factor de democracia y de corrección. Es también un aliado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y un modelo empresarial de referencia, precisamente por la democracia institucional y participativa de sus empresas, que anteponen el valor de las personas al del capital y priorizan el beneficio personal, resalta el estudio.

Algo se mueve en Europa: la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha encargado al comisario de Empleo un plan de acción de economía social, informa el presidente de Cepes y SEE.

También en España: “En el debate de investidura se ha hecho referencia a la economía social como factor clave para el emprendimiento colectivo y para corregir los desequilibrios territoriales. Por tanto, tenemos esperanzas acerca de un mayor reconocimiento”, subraya Pedreño.

La economía social está presente en multitud de sectores: sanitario, servicios sociales, educación, vivienda, pesca, agricultura… Es transversal.

La economía social acoge a grandes grupos empresariales, como la ONCE, Consum, Eroski o Mondragón, pero la media de las plantillas de las cooperativas, que suman 18.000 de las 45.000 empresas que componen el sector, no supera los 10-12 trabajadores.

Estas empresas están en el mercado, aclara el presidente de Cepes, “compiten en igualdad de condiciones con el resto y necesitan obtener beneficios para mantener el empleo, pero su comportamiento es diferente”.

El estudio también presenta la hipótesis de qué pasaría si las entidades de economía social perdieran sus valores y actuaran como las mercantiles. El resultado sería que 172.483 personas de colectivos de difícil empleabilidad se quedarían sin trabajo, entre otras consecuencias.